SANTO DOMINGO.- Un grupo de reconocidos juristas inició un proceso de recepción denuncias específicas, documentos, videos, declaraciones y evidencias sobre «graves crímenes» que se habrían cometido contra la Constitución de la República Dominicana, entre ellos prevaricación, enriquecimiento ilícito, soborno, desfalco y lavado de activos.

Los abogados Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero Confesor, Marino Vinicio Castillo, Abel Rodríguez del Orbe, José Enrique Hernández Machado y Juárez Víctor Castillo Semán explicaron que, una vez sean recolectadas «evidencias fehacientes» sobre dichas violaciones, instrumentarán expedientes para sometimientos judiciales.

Indicaron que también investigarán todo lo relacionado a las denuncias sobre «compra de conciencias de legisladores para un anómalo y fraudulento proceso de modificación de la Constitución tendente a evitar, sortear, diluir y/o rehuir el estricto y mandatorio cumplimiento del Art. 20mo Transitorio de la Constitución que prohíbe toda nueva repostulación al actual presidente de la República».

Los juristas informaron en rueda de prensa que no pueden permanecer indiferentes ante los cada vez más ostensibles intentos de destrozar el imperio de la Constitución de la República, piedra angular del Estado de Derecho y de la democracia en la República Dominicana, a través de la corrupción administrativa que ella misma proscribe en su artículo 146,  y también un amplio cuerpo de disposiciones y leyes adjetivas penales aplicables.

Ven situación es de «extrema gravedad»

Afirmaron que la extrema gravedad de la situación actual impone que se tomen medidas concretas para impedir lo que sería «una especie de golpe delictivo a la Constitución, por vías abiertamente criminales».

Sostuvieron que «la coyuntura de riesgo institucional de la Nación se agravó aún más cuando en días pasados, en el marco de una intempestiva e inconstitucional ocupación militar del Congreso de la República el diputado Manuel Díaz infirió y luego refirió, clara y desembozadamente, a asombrados periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional y, luego, a los del conocido Programa El Sol de la Mañana, que para obtener los votos que se necesitaba para la imposición de una modificación constitucional que permitiera repostular al Presidente Danilo Medina, se podría llegar a la compra de conciencias de diputados adversos a la mismas».

Recuerdan que la ley Ley 311-14 tipifica penalmente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones cuando en su artículo 18 expresa: «Artículo 18.- Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten
responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10)años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años.

Señalan que el Soborno es tipificado por Art. 177 Código Penal y está penado con la degradación cívica, que apareja prisión de hasta 5 años de prisión y multa del duplo de las dádivas o pagos realizados, tanto al que los ofrece como al que los recibe.

«Ambas infracciones son delitos precedentes de la gravísima infracción de Lavado de Activos sancionada muy severamente, hasta con 20 años de prisión, por la Ley de contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo No.155-17», dicen.

Agregan que «todas estas infracciones se encontrarían en concurso real con la de Coalición de Funcionarios tipificada por artículos 123,124 y 125 que sancionan con 20 años de reclusión mayor a los funcionarios o empleados públicos que concierten o convengan entre sí la ejecucióńn de medidas y disposiciones contrarias a las leyes si de tal concierto resultare un atentado contra la seguridad interior del Estado».