Santiago de Chile, (EFE).- Un tribunal chileno decretó este sábado prisión preventiva para cinco policías por su presunta participación en dos casos de palizas contra dos jóvenes a finales de enero en el marco del grave estallido social que vive el país desde hace más de tres mes.

La Fiscalía acusa a los carabineros (Policía chilena), que ya fueron apartados de sus puestos, de los delitos de homicidio frustrado y apremio legítimo durante las protestas que tuvieron lugar los días 28 y 29 en Puerto Alto, 26 kilómetros al sur de la capital.

‘Todos los antecedentes que se mostraron fueron suficientes para acreditar tanto la existencia del delito como la participación de los imputados en el mismo y la necesidad de cautela va relacionada con la gravedad de los delitos’, explicó el fiscal de derechos humanos de la Fiscalía Sur, Milibor Bugueño.

El primer ‘fue el más grave porque la víctima quedó en riesgo vital’ y tuvo lugar el 28 de enero cuando los uniformados agredieron al joven Leonardo Sanhueza Olivares, quien sufrió múltiples fracturas y la perforación en un pulmón, apuntó el fiscal.

El segundo caso ocurrió un día después y generó gran polémica luego de que se viralizase en las redes sociales un video en el que se ve a un grupo de uniformados golpeando en el suelo al joven Matías Soto Ramos.

‘Espero que el daño que le causaron a mi hijo no quede impune, quiero justicia y que no se vuelva repetir esto’, dijo a los periodistas a su llegada al juzgado su madre Melissa Ramos.

Los agentes imputadas participaron presuntamente en ambas palizas e integraban la misma patrulla de la Comisaría de Puerto Alto, que fue intervenida el viernes por Carabineros y los altos mandos de la misma cesados.

El cuerpo policial está en el punto de mira desde el inicio de la crisis y han sido acusados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos por diversos organismos como ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).

‘Nunca es aceptable que funcionarios de Carabineros detengan y golpeen con este nivel de violencia a las personas de nuestro país que se manifiestan. Por eso valoramos esta resolución de los tribunales de justicia y esperamos que este siga siendo el camino’, afirmó Rodrigo Bustos, jefe jurídico del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha contabilizado más casi 700 casos de palizas desde el inicio de la crisis.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado al menos una treintena de muertos y episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.

Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales del Gobierno y al plebiscito del próximo abril para decidir si se cambia la Constitución, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y señalada por ser el origen de las grandes desigualdades del país. EFE