José Peña Santana cuestiona que se designara a un ingeniero civil en una posición para la que la Ley 168-21 exige cinco años de experiencia técnica especializada.
Santo Domingo. El secretario de Comercio Exterior, Logística y Negocios Internacionales de la Fuerza del Pueblo, José Peña Santana, denunció como irregular la designación del ingeniero civil Elías Antonio Santana Germán como subdirector general de Fiscalización de la Dirección General de Aduanas (DGA), mediante el Decreto núm. 776-26, del 29 de octubre de 2026, por incumplimiento del perfil técnico especializado que establece la legislación para ocupar esa posición.
Peña Santana responsabilizó políticamente al director general de Aduanas, Nelson Arroyo, por promover la recomendación de esa designación sin observar el requisito legal de experiencia especializada que debe reunir quien asuma la conducción de una de las áreas más sensibles de la administración aduanera.
Recordó que el artículo 16, párrafo II, de la Ley núm. 168-21 establece que el subdirector general de Fiscalización debe contar con al menos cinco años de reconocida experiencia técnica en materia aduanera, tributaria o de comercio internacional. Se trata de una condición legal expresa, no de una formalidad administrativa que pueda sustituirse por relaciones políticas, confianza personal o experiencia profesional en campos distintos.
La exigencia de especialización también se refleja en el perfil de la Gerencia de Fiscalización, dependencia directa de esa Subdirección. El Manual de Descripciones y Perfiles de Puestos de la DGA, de 2020, contempla para esa gerencia formación universitaria en áreas como Contabilidad, Derecho, Auditoría, Comercio Internacional o carreras afines, estudios de maestría especializados y cinco años de experiencia profesional. Este perfil evidencia la complejidad técnica de las funciones que se desarrollan bajo la dirección de la Subdirección de Fiscalización.
Asimismo, el artículo 159 del Decreto núm. 789-22 contempla las responsabilidades de la Subdirección de Fiscalización de Aduanas, entre ellas desarrollar y gestionar planes de fiscalización, supervisar las actuaciones de control y evaluar sus resultados conforme a los riesgos identificados. El artículo 161 del mismo reglamento detalla las funciones de la Gerencia de Fiscalización, que depende de esa Subdirección.
A esto se suma que el artículo 50 del Decreto núm. 755-22 dispone que la comunicación mediante la cual se inicia una visita de fiscalización a un operador aduanero debe estar firmada por el subdirector de Fiscalización. Se trata, por tanto, de una posición con incidencia directa en los procedimientos de control y en la determinación de obligaciones tributarias.
El dirigente político recordó que la propia Dirección General de Aduanas informó que, entre 2020 y 2025, mediante 139 auditorías a importadores asiáticos, se determinaron diferencias tributarias por aproximadamente RD$4,509 millones. Esta cifra ilustra la magnitud de los recursos involucrados en las labores de fiscalización y la importancia de que quienes dirigen esas funciones cuenten con la preparación técnica exigida.
Advirtió que una fiscalización técnicamente deficiente puede comprometer la correcta determinación del valor en aduana, la clasificación arancelaria, el origen de las mercancías y las obligaciones tributarias de los operadores económicos, con consecuencias para la recaudación y la protección de los recursos públicos.
Peña Santana señaló que Santana Germán dejó el cargo de viceministro de Infraestructura Vial del Ministerio de Obras Públicas apenas tres días antes de su designación en Aduanas. Asimismo, sostuvo que los antecedentes profesionales consignados en su declaración jurada de patrimonio corresponden fundamentalmente al ámbito de la ingeniería civil y no acreditan los cinco años de experiencia técnica especializada que exige la Ley núm. 168-21 para dirigir la fiscalización aduanera.
Agregó que el funcionario designado mantiene una relación política cercana con el director general de Aduanas dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en San Pedro de Macorís, un elemento que, en el contexto de esta designación, plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para recomendarlo.
El secretario de la Fuerza del Pueblo precisó que su cuestionamiento no se dirige a la facultad del presidente de la República para efectuar el nombramiento, sino a la responsabilidad de la dirección de Aduanas de recomendar a una persona que, conforme a los antecedentes examinados, no reúne el perfil especializado exigido por la ley.
Finalmente, sostuvo que la administración de los recursos públicos y el ejercicio de las funciones de fiscalización requieren capacidad técnica, idoneidad y estricto apego a la legalidad. Advirtió que los requisitos establecidos por el legislador deben respetarse, especialmente en posiciones que inciden directamente en la recaudación y el control de las operaciones de comercio exterior.
“La fiscalización aduanera no puede convertirse en un espacio para las recomendaciones políticas por encima de las exigencias legales. Estamos hablando de una función estratégica para los ingresos del Estado, cuya dirección requiere experiencia técnica especializada. La ley establece los requisitos y la Administración tiene la obligación de respetarlos”, concluyó.
