Por José Darío Cepeda Medina
Municipalista | Exalcalde | Dirigente político
En los últimos días, el Senado de la República ha aprobado de urgencia un proyecto de ley que elimina las sanciones penales contra los funcionarios municipales que incumplan la ejecución del presupuesto de los ayuntamientos. Como municipalista, exalcalde y dirigente político, no puedo guardar silencio frente a una iniciativa que, lejos de fortalecer la autonomía municipal, desmantela el régimen de responsabilidad que debe acompañar todo ejercicio del poder público.
La autonomía municipal no puede confundirse con ausencia de controles. Gobernar un ayuntamiento implica administrar recursos públicos escasos, bajo presiones políticas constantes y con demandas sociales urgentes. Precisamente por eso, los límites legales no son un obstáculo, sino una garantía: protegen al funcionario honesto, resguardan los fondos municipales y aseguran que la inversión llegue a obras y servicios que mejoran la vida de la gente.
Eliminar la prisión, las multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas no es una modernización del sistema sancionador. Es, en la práctica, una licencia para violar la ley sin consecuencias reales. En un país donde los órganos de control municipal han sido históricamente débiles y selectivos, sustituir sanciones penales por simples faltas administrativas equivale a institucionalizar la impunidad.
Quien ha sido alcalde sabe que administrar con controles no es una carga, es una responsabilidad inherente al cargo. Quitar esos controles no empodera al buen gestor; por el contrario, protege al irresponsable, al improvisado y al que concibe el presupuesto municipal como un botín político.
Particularmente grave resulta la pretensión de limitar la facultad de la Cámara de Cuentas para someter a la justicia a funcionarios municipales que, tras auditorías, resulten responsables de violaciones a la ley. Debilitar el control externo del gasto público no es descentralización; es blindaje político y una amenaza directa al principio de legalidad.
Asimismo, eliminar la segregación obligatoria del gasto entre personal y funcionamiento, dejando estos recursos a la discrecionalidad absoluta del alcalde, abre la puerta al crecimiento desmedido de la nómina municipal, al uso clientelar del empleo público y al sacrificio de la inversión en infraestructura, servicios básicos y desarrollo local. Esa no es la ruta hacia municipios fuertes y sostenibles.
Llama la atención que esta iniciativa haya contado con el respaldo de senadores de Fuerza del Pueblo, lo que evidencia una coincidencia preocupante con una visión que prioriza la protección política de las autoridades locales por encima del interés general y del derecho de las comunidades a una gestión transparente y eficiente.
Reconozco como positiva la delimitación del uso de los fondos provenientes de la Ley 98-25 de Gestión y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, pero esta disposición resulta claramente insuficiente frente al desmontaje integral del régimen de control presupuestario que promueve el proyecto aprobado.
No hay verdadera autonomía municipal sin responsabilidad, ni descentralización posible sin controles firmes. Convertir el presupuesto municipal en un cheque en blanco para los alcaldes no fortalece a los ayuntamientos; los debilita y erosiona la confianza ciudadana en el gobierno local.
Defender el presupuesto municipal es defender la dignidad de las comunidades, la calidad de los servicios públicos y el futuro de la gestión local. Esa es una causa que trasciende partidos y coyunturas políticas, y en la que, como municipalista y exalcalde, seguiré siendo firme y coherente.
