Por Trajano Santana.- Ante las informaciones sobre el secuestro de cuatro soldados vinculados a la misión en Haití y la posibilidad de que hayan perdido la vida, así como la eventual intervención militar del Gobierno de el Salvador, una pequeña nación de América central con poco más de 6 millones de habitantes, a distancia de más de 2,000 kilómetros de la República Dominicana, que debe actuar con mucha precaución, cuidado, prudencia, responsabilidad y con una clara visión de sus intereses nacionales.
Nuestro país comparte con Haití la isla de Santo Domingo y una frontera terrestre que nos obliga a prestar especial atención a cualquier acontecimiento que pueda alterar la estabilidad política, social y de seguridad de esa nación. Nuestra historia común, marcada por conflictos, tensiones y procesos de dominación y lucha por la independencia, constituye un antecedente que no debemos ignorar al momento de adoptar decisiones que puedan tener consecuencias para las relaciones entre ambos pueblos.
En ese contexto, la República Dominicana debe evaluar cuidadosamente cualquier forma de involucramiento en operaciones militares, incluso cuando sus objetivos puedan considerarse legítimos, y ponderar sus implicaciones jurídicas, diplomáticas y estratégicas. Una imprudencia no es admitida
Una participación que no esté debidamente sustentada en el derecho internacional y en un marco multilateral legítimo, podría generar consecuencias imprevisibles para nuestra seguridad y nuestras relaciones con Haití, que de por sí, son ya muy precarias y complejas. Empujar grupos armados y masas de ciudadanos despavoridos a nuestras fronteras por la inseguridad, nos coloca en una disyuntiva humana más allá de la aparente simplicidad de las autoridades.
Nuestra prioridad debe ser la defensa irrestricta de la soberanía nacional y la protección de nuestro espacio territorial, aéreo y marítimo. Al mismo tiempo, resulta fundamental respaldar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de los mecanismos internacionales competentes dirigidos a restablecer la seguridad, enfrentar a las bandas armadas y crear las condiciones necesarias para la estabilidad institucional y la pacificación de Haití.
Confiamos en que el presidente Luis Abinader y las autoridades dominicanas actuarán con la prudencia y la firmeza que exige este delicado escenario. Probablemente el más complejo de hace muchos años. El agravamiento de la crisis haitiana podría incrementar las presiones sobre nuestra frontera y profundizar los desafíos derivados de la migración irregular, en un contexto que demanda mayores capacidades de control, protección y respuesta del Estado dominicano.
La República Dominicana debe contribuir a la estabilidad regional sin comprometer su soberanía, su seguridad ni la tranquilidad de su población. La prudencia diplomática, el respeto al derecho internacional y la defensa de nuestros intereses nacionales deben orientar cada decisión por encima de todo.
