Por Federico A. Jovine Rijo
La deuda social de San Juan y sus bajos niveles de desarrollo humano no se compadecen con la riqueza y productividad del territorio y la nobleza de su gente. Lejos del centro, las periferias más lejanas reproducidas en toda su crudeza las desigualdades de una sociedad en la que el bienestar es reflejo y consecuencia del poder.
Sus desafíos ambientales son imposibles. El conuquismo de tumba y quema ha deforestado las cuencas altas, amenazando la sostenibilidad hídrica; el costo de fertilizantes y el uso intensivo de pesticidas hace que el modelo agrario sea decreciente y se sostenga en la pauperización de su componente humano: el ciclo perverso de la pobreza sea recrea.
Hace falta ordenamiento territorial; implementar un plan de desarrollo económico local basado en las potencialidades y desafíos de la provincia que vaya más allá de la siembra y cosecha; agregar valor a sus productos; aprovechar el potencial ecoturístico y la diversidad cultural con industrias creativas, etc.
En esa encrucijada, cuya solución no se vislumbra a corto y medio plazo por razones presupuestarias obvias, el descubrimiento del yacimiento de oro de El Romero, de más de tres millones de onzas, puede que represente, más que un problema, una oportunidad de oro … literalmente.
Hay dudas legítimas. Las prácticas mineras del pasado han dejado un sabor amargo en otros lugares con impactos ambientales no remediados, episodios de violencia y pocas mejoras en la calidad de vida de la gente del entorno. Mientras, la conciencia ambiental se ha elevado y la movilidad social se incrementa a la par que la gente recela de cualquier proyecto minero y desconfía de un Estado que hizo mutis por décadas, mientras cobraba regalías que no transfería a las comunidades.
El Romero puede representar un punto de inflexión en el desarrollo minero del país, no solo por el tipo de minería que realizaría, sino por su propuesta voluntaria de disponer -adicional al 5% que establece la ley para el gobierno local- un 8% de regalías a ser manejado por los comunitarios mediante un instrumento de gobernanza basado en la transparencia, la rendición de cuentas y las prioridades de desarrollo provincial.
Ahora toca que el gobierno autorice la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) riguroso que determine su viabilidad y pertinencia; que el Ministerio de Medio Ambiente haga unos TDR robustos, y que en su fase de formulación y evaluación puedan participar la Academia de Ciencias, universidades y ONG ambientales.
Oponerse al EIA es anticientífico, arbitrario, y atenta contra nuestro marco constitucional y el Estado de derecho.
