miércoles, octubre 22, 2025
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Alcaldesa de los Ríos Martha Cuevas, participa en conferencia “Responsabilidad penal de los funcionarios públicos locales ante el nuevo Código Penal dominicano"

Santo Domingo. – La Alcaldesa del municipio de los Ríos, Martha Cuevas, participo en la magistral conferencia, impartida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en la Liga Municipal Dominicana (LMD) sobre la protección del patrimonio público y las herramientas legales que aportan a ese propósito el recién promulgado Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

La Ejecutiva municipal de los Ríos, valoró positivamente la conferencia, la cual estaba dirigida a alcaldes y funcionarios municipales, y que fue encabezado también por el presidente de la LMD, Víctor D´Aza, quien fungió como anfitrión, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Compromiso con la transparencia

Al dar apertura al evento, D´Aza destacó el compromiso de la Liga Municipal con la transparencia y la buena gobernanza local, y explicó que la actividad forma parte de las acciones de orientación y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

"Hemos coordinado con la Digeig y la Procuraduría General esta socialización dedicada a los nuevos tipos penales y sanciones establecidos en el nuevo Código Penal dominicano, especialmente aquellos vinculados al ejercicio de la función pública municipal", expresó D´Aza.

De su lado, Milagros Ortiz Bosch valoró el liderazgo de Reynoso en el proceso de aprobación del nuevo Código Penal, señalando que "dejamos atrás un texto con más de un siglo de retraso".

Regulación del gasto público

Durante su intervención, José Rijo Presbot recordó a las autoridades locales la obligación de cumplir con la Ley 75-25, que establece una distribución presupuestaria de 75% para gasto corriente y 25% para gasto de capital, así como un límite del 30% en remuneraciones, incluyendo el personal fijo y temporal.

Responsabilidad penal y lucha contra la corrupción

En su conferencia, titulada "Responsabilidad penal de los funcionarios públicos locales ante el nuevo Código Penal dominicano", la procuradora general destacó que 2025 marca un hito institucional con la aprobación tanto del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto de 2026, como de la Ley de Contrataciones Públicas, que regirá desde enero de ese mismo año.

Reynoso exhortó a los funcionarios municipales a socializar el contenido del nuevo código en sus comunidades y equipos de trabajo, a fin de fortalecer la cultura de legalidad. Explicó que el texto incorpora sanciones más severas para conductas imprudentes y delictivas.

"Si una persona conduce bajo los efectos del alcohol y provoca la muerte de alguien, podrá ser procesada por homicidio con dolo eventual", advirtió.

También se refirió a delitos como la difamación extorsiva, castigada con penas de tres a diez años de prisión cuando se difama con el propósito de obtener beneficios o represalias injustificadas.

Nuevos tipos penales y confiscación de bienes

La procuradora explicó que el nuevo Código Penal y la Ley de Contrataciones refuerzan 27 tipos penales vinculados a la corrupción y la mala administración pública, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Entre las novedades, destacó que la corrupción se tipifica como delito autónomo, lo que permite sancionar cualquier distracción de fondos públicos aunque no encaje en un tipo penal específico.

Además, ese delito es considerado precedente de lavado de activos, con penas que van de 10 a 20 años de prisión y la posibilidad de inmovilización y confiscación de bienes.

"La corrupción administrativa puede acarrear no solo cárcel, sino la ocupación de bienes y el cierre de cuentas bancarias por parte de las entidades financieras que deben cumplir con las normas antilavado", subrayó Reynoso.

La actividad concluyó con un llamado conjunto de las autoridades a fortalecer la ética pública, la transparencia y la aplicación rigurosa de las leyes, pilares que consideran esenciales para el desarrollo institucional de los gobiernos locales y la protección de los recursos del Estado.

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