Por Héctor Plata
Menos tierras agrícolas, más restricciones productivas
La redefinición del mapa nacional de áreas protegidas redujo de forma significativa los terrenos con vocación agropecuaria en la provincia Independencia. Zonas que históricamente fueron utilizadas para agricultura o ganadería pasaron a regímenes de protección estricta, parques nacionales o áreas de amortiguamiento.
Esto explica, en buena medida, las limitaciones para expandir la frontera agrícola, la prohibición de la minería metálica, las restricciones al aprovechamiento forestal y los constantes conflictos por uso de suelo. No se trata de decisiones municipales ni provinciales, sino de políticas nacionales administradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento de la Ley 64-00 y de compromisos internacionales.
Pretender desarrollar la provincia ignorando estas restricciones es desconocer la base legal y ambiental sobre la cual se asienta Independencia.
El rol del Ministerio de Medio Ambiente: presente, pero distante
El Ministerio de Medio Ambiente tiene una presencia determinante en la provincia, aunque muchas veces es percibido solo como un ente sancionador. Su rol va más allá de autorizar o negar permisos: es responsable de la gestión de parques nacionales, la protección de cuencas hidrográficas, la conservación de la biodiversidad y la regulación del uso del suelo.
No obstante, ha fallado históricamente en comunicar mejor su papel, en educar a las comunidades sobre las oportunidades que surgen de la conservación y en articular políticas de desarrollo local compatibles con el ambiente. La gente siente las limitaciones, pero no siempre ve los beneficios.
Turismo de naturaleza: una oportunidad subutilizada
Donde no se puede sembrar ni extraer minerales, sí se puede conservar, investigar y atraer visitantes. Independencia posee una de las mayores riquezas para el ecoturismo, el turismo científico y el turismo de aventura del país: observación de aves en Duvergé y Villa Barrancolí, senderismo en la Sierra de Bahoruco y la Sierra de Neiba, paisajes únicos en el Lago Enriquillo, humedales en la Laguna Rincón, manantiales, ríos y bosques con alto endemismo.
Sin embargo, estas potencialidades siguen siendo explotadas de forma aislada, sin una estrategia integral que convierta la conservación en ingresos, empleos y progreso comunitario.
El tema pendiente del CEA y los terrenos arrendados
A esto se suma otro elemento poco discutido: una parte importante de los terrenos de la provincia Independencia pertenece al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y se encuentra arrendada al Consorcio Azucarero Central (CAC). Estos terrenos, en muchos casos, no están produciendo el impacto social y económico que las comunidades esperan, mientras amplios sectores de la población carecen de acceso a tierras productivas o a proyectos alternativos de desarrollo.
Aquí existe una oportunidad para repensar el uso de esos terrenos, siempre respetando las áreas protegidas, pero orientándolos hacia proyectos agroforestales, turismo rural, energías limpias y desarrollo comunitario.
Conservación sí, pero con desarrollo humano
La provincia Independencia no puede ni debe renunciar a su riqueza ambiental. Al contrario, debe convertirla en su mayor fortaleza. Pero la conservación no puede seguir percibiéndose como un freno al progreso, sino como una base para un modelo de desarrollo distinto, inclusivo y sostenible.
Esto exige mayor inversión pública, educación ambiental, planificación territorial, diálogo permanente entre el Estado y las comunidades, y una visión que entienda que proteger la naturaleza y mejorar la calidad de vida de la gente no son objetivos opuestos.
Independencia merece más que restricciones: merece oportunidades reales para el desarrollo y el progreso colectivo, ancladas en su identidad ambiental y en el respeto a sus comunidades. Solo así la provincia dejará de ser vista como un territorio limitado y comenzará a ser reconocida como lo que realmente es: un patrimonio natural de valor incalculable para la nación.
