Este martes 7 de diciembre se realizó entrega en el Ministerio de Relaciones Exteriores del documento titulado “¡Las vidas haitianas importan!”, con más de 600 firmas de organizaciones, dirigentes sociales, sindicales y políticos, artistas, académicos y  activistas a nivel internacional, quienes rechazan el discurso y las medidas del gobierno dominicano que estigmatizan a la comunidad inmigrante y violan sus derechos humanos. Denuncian que estas políticas también afectan a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y apoyan las exigencias de organizaciones locales de derogar las medidas racistas, restituir la nacionalidad a las personas afectadas por la sentencia 168-13, así como aplicar un proceso de regularización que otorgue residencia legal a quienes viven y trabajan en la República Dominicana.

 

Entre las medidas que son repudiadas en la declaración firmada están: la construcción del muro fronterizo; la suspensión del pago de sus pensiones a más de doscientos trabajadores cañeros haitianos; la exigencia de un seguro médico internacional a las mujeres inmigrantes embarazadas como requisito para ser atendidas en hospitales públicos; la suspensión del otorgamiento de visas para estudiantes universitarios haitianos de manera indefinida; la prohibición del acceso a hospitales, a menos que sea en caso de emergencia, a personas inmigrantes sin visa de residencia vigente.

 

También denuncian la detención y expulsión de mujeres embarazadas haitianas, que ha continuado a pesar del rechazo que ha generado, así como los atropellos contra el derecho a la protesta por parte de trabajadores cañeros.

 

“Negar el acceso a la salud, la educación y a los más básicos derechos laborales en base a criterios raciales, como lo está haciendo el gobierno dominicano, es una atrocidad que no debe continuar. Afirmamos que las vidas negras y las vidas haitianas importan en República Dominicana”, plantean quienes suscriben el documento, entre quienes están los diputados nacionales Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer del Frente de Izquierda de Argentina, los académicos Claudio Katz y Néstor Kohan del mismo país suramericano, Iñaki Gil de San Vicente del País Vasco y Camile Chalmers de Haití. También adhieren dirigentes sindicales como Priscilla Vásquez de Panamá, feministas como Lourdes Contreras de la República Dominicana y organizaciones antirracistas como Afroféminas del Estado español, así como numerosas organizaciones de defensa de los derechos de las personas inmigrantes y de la diáspora como la Red de Mujeres Haitianas desde Chile y We Are All Dominican desde Estados Unidos.

 

Firmaron en apoyo organizaciones y dirigentes de Argentina, Brasil, Bélgica, Benin, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estado español, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Italia, Macedonia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Turquía, Uruguay, Venezuela y República Dominicana.

 

 

 

¡Las vidas haitianas importan!

¡Basta de persecución racista y xenófoba en la República Dominicana!

 

Desde que llegó al poder en 2020, el gobierno de Luis Abinader en República Dominicana ha emprendido una serie de políticas y ha adoptado un discurso que estigmatiza a la comunidad inmigrante haitiana como una carga pesada para el Estado dominicano, junto con medidas que atentan contra los derechos humanos más básicos de la comunidad inmigrante.

 

Se emprendió la construcción de un muro fronterizo y se anunciaron medidas como la imposición de multas a personas dominicanas que alquilaran viviendas o brindaran servicios de transporte a inmigrantes haitianos sin residencia legal y  se suspendió el pago de sus pensiones a más de doscientos trabajadores cañeros haitianos.

Desde el mes de septiembre, cuando el presidente Abinader emplazó a la comunidad internacional a intervenir en los asuntos internos de Haití, se ha iniciado una escalada de nuevas medidas y agresiones contra la comunidad inmigrante haitiana:

 

– El 29 de septiembre se anunció que se exigiría a todas las empresas limitar su contratación de trabajadores inmigrantes a un máximo del 20%. También se exigiría un seguro médico internacional a las mujeres inmigrantes embarazadas como requisito para ingresar al país y para ser atendidas en hospitales públicos.

– En noviembre se suspendió el otorgamiento de visas para estudiantes universitarios haitianos de manera indefinida. Se anunció una auditoría del Plan Nacional de Regularización, lo que abre el camino a la revocación de las pocas visas de residencia otorgadas en ese marco, menos del 3% del total de solicitudes. A esto se suma la apertura de 38 oficinas a nivel nacional para realizar un registro de inmigrantes sin fines de regularización migratoria, así como la prohibición del acceso a hospitales, a menos que sea en caso de emergencia, a personas inmigrantes sin visa de residencia vigente.

 

A los pocos días de anunciadas estas medidas, agentes de migración rodearon varios hospitales y detuvieron a centenares de mujeres embarazadas. Pese al rechazo que generaron estas acciones, el propio presidente ha afirmado que continuará deteniendo y deportando a mujeres embarazadas.

 

El Director General de Migración incluso ha amenazado con usar el ejército para atacar a comunidades de inmigrantes haitianos. La Policía Nacional a su vez ha actuado en coordinación con grupos de ultraderecha para impedir movilizaciones al Palacio Nacional por parte de trabajadores cañeros.

 

Todas estas medidas también perjudican a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron privadas de su ciudadanía en 2013 mediante la infame sentencia racista 168-13.

 

Nos solidarizamos con la comunidad inmigrante haitiana y las personas dominicanas de ascendencia haitiana que son atacadas por estas políticas. Nos sumamos a las de 25 organizaciones dominicanas y haitianas, que en una declaración titulada «¡Levantemos nuestra voz contra el racismo y la xenofobia del gobierno!», han exigido eliminar las medidas racistas, restituir la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13, y aplicar un proceso de regularización que permita el reconocimiento legal y plenos derechos a quienes viven y trabajan en la República Dominicana.

 

Extendemos el llamado a las organizaciones populares, obreras, estudiantiles, de mujeres, a las organizaciones políticas de la región y del mundo, a unir y alzar sus voces en la denuncia de estas graves violaciones a los derechos humanos. Negar el acceso a la salud, la educación y a los más básicos derechos laborales en base a criterios raciales, como lo está haciendo el gobierno dominicano, es una atrocidad que no debe continuar.

 

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